El andamiaje discursivo construido por la gestión de Gustavo Melella para eximirse de responsabilidad frente al accionar del petrolero de bandera británica VS Promise se derrumbó de manera irreversible.
Frente a los intentos del Ejecutivo provincial por desentenderse de la operatoria -alegando un supuesto desconocimiento sobre la filiación del buque y pretendiendo acotar la polémica al muelle de Ushuaia-, la aparición de documentación interna del propio Estado provincial dejó al descubierto una trama de fiscalización, tramitación y recaudación previa que torna insostenible la excusa pueril esgrimida desde la Casa de Gobierno.
Un instrumento emanado de la propia administración fueguina revela la intervención directa del organismo portuario local. Se trata de la nota N-DA-DJZN-57-2026, emitida por la delegación Río Grande de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y firmada por el responsable administrativo de la Zona Norte, Juan Porfido, con fecha 20 de agosto. El escrito, girado al área de Facturación, ordena la liquidación formal por los servicios prestados al buque tanque durante su permanencia en la monoboya de Río Cullen.
La minuciosidad de los registros contenidos en la nota oficial echa por tierra cualquier intento de justificar desconocimientos operativos o falta de acceso a la información del navío. Para emitir el cobro, la DPP asentó con precisión el Tonelaje de Registro Bruto (TRB) del VS Promise -fijado en 42.010 toneladas-, una variable técnica cuya consignación resulta imposible sin haber recibido y auditado la matrícula internacional y la documentación de la embarcación, donde consta expresamente su pabellón bajo la Corona británica, más precisamente en la Isla de Man.
Asimismo, el documento deja constancia de que el tanquero operó en la terminal norte entre el 12 y el 13 de agosto, lapso en el cual se le bombeó un volumen exacto de 22.464,570 toneladas métricas de petróleo crudo (más de 160 mil barriles). En función de ello, el organismo instruyó facturar a la operadora logística Agencia Marítima Cruising Ushuaia S.A. tanto la tasa por el volumen embarcado, como dos jornadas de uso del espejo de agua.
La cronología de los hechos expone una incoherencia insalvable. Mientras el 20 de agosto la burocracia provincial impulsaba el cobro de las tasas correspondientes a la estadía del carguero inglés en aguas fueguinas, apenas cuatro días más tarde, ante el arribo de la nave a la vista del público en la capital provincial, el Gobierno montó una burda puesta en escena de repudio e indignación pretendiendo responsabilizar de manera exclusiva a las autoridades nacionales.
La pretendida falta de coordinación entre las dependencias del Estado fueguino -como la Secretaría de Hidrocarburos y el ente portuario- no constituye una atenuante, sino la prueba manifiesta de una estrategia evasiva.
El Gobierno no estuvo al margen ni fue un espectador involuntario: la estructura administrativa de la provincia registró la nave, midió el volumen bombeado, tasó la operación y emitió la factura para ingresar los fondos a las arcas públicas. La documentación sepulta de forma definitiva el relato oficial y pone en evidencia el abismo existente entre lo que se expresa mediáticamente y la acción cotidiana.
