Christian Bisso
El empleo no es simplemente una cifra macroeconómica ni un dato frío en un informe técnico. En Río Grande, el trabajo industrial representa el corazón de la vida comunitaria, el motor del comercio local y el sustento de miles de familias.
Cuando la actividad manufacturera se resiente, el impacto no se detiene en los portones de las fábricas ni en las calles del Parque Industrial; se extiende al comerciante de barrio, los servicios y la tranquilidad de toda la ciudad.
Frente a un escenario de desaceleración productiva, apertura indiscriminada de importaciones y pérdida acelerada de puestos de trabajo, el debate público no puede quedar atrapado en discusiones abstractas. La sociedad necesita respuestas inmediatas, ejecutables y con un sentido claro de justicia territorial.
En este contexto, el planteo expuesto por el intendente Martín Perez pone sobre la mesa una discusión central: la utilización efectiva y urgente del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).
Creado bajo el Decreto 727/21 durante la presidencia de Alberto Fernández y financiado con aportes de las propias empresas del régimen promocionado, el FAMP fue concebido para diversificar la economía y sostener el desarrollo provincial.
Sin embargo, un fondo millonario pierde su razón de ser si permanece ajeno a la emergencia social de la comunidad que lo genera. Los recursos del FAMP -hoy bloqueados en una cuenta sin mayores datos sobre su disponibilidad- deben volcarse de forma directa y equitativa en Río Grande, la ciudad que sufre con mayor rigor la caída del empleo fabril.
La propuesta de implementar un esquema de sostenimiento de ingresos articulado con capacitación laboral obligatoria marca un camino y supone una alternativa que, como mínimo, debería ser debatido. No se trata de un simple esquema asistencialista, sino de un puente activo hacia la reconversión y la reinserción en el mercado de trabajo de miles de trabajadores que hoy no cuentan con oportunidades efectivas de desarrollarse laboralmente.
Garantizar la cobertura económica a las familias desvinculadas, supeditada a la actualización de competencias profesionales, permite dos objetivos fundamentales: proteger el consumo interno local y preparar a la fuerza laboral para los desafíos productivos del futuro. Poner la infraestructura técnica municipal al servicio de este fin demuestra que las herramientas existen; solo hace falta la decisión política de ejecutarlas.
El escenario exige también una interpelación clara al sector privado. Las empresas que han acumulado beneficios durante décadas bajo el amparo de la Ley 19.640 deben asumir una responsabilidad social proporcional en los momentos de dificultad. No alcanza con entregar un televisor a un jardín de infantes o un juego de camisetas a algún club de la ciudad. Las crisis no pueden resolverse descargando el ajuste de manera exclusiva sobre los trabajadores.
Asimismo, resulta indispensable ejercer un verdadero federalismo hacia el interior de Tierra del Fuego. Si Río Grande es el motor industrial de la provincia y la zona más expuesta a los vaivenes macroeconómicos, es incoherente que los fondos destinados a la matriz productiva no se orienten prioritariamente hacia donde la emergencia social es más apremiante.
Defender la industria fueguina y el trabajo local exige superar la retórica e instrumentar medidas protectoras con los recursos que la provincia ya tiene a disposición. El FAMP no debe ser un depósito estático ni un instrumento burocrático de lenta ejecución que se direcciona según la conveniencia política del momento, sino un verdadero escudo social y una palanca de transformación.
Cuidar el empleo en Río Grande es cuidar el futuro de Tierra del Fuego. Suena a frase hecha, remanida y repetida hasta el cansancio. Sin embargo, es la pura verdad. Escuchar las demandas locales y volcar los recursos donde más se necesitan es el único camino para construir una autonomía real y una provincia productivamente sostenible.
