Christian Bisso
Frente a una provincia paralizada por la conflictividad social y el progresivo deterioro de sus instituciones básicas, el gobernador Gustavo Melella ha optado por un marco interpretativo tan cómodo como desacertado: sostener que la profundización de la crisis en diferentes ámbitos, únicamente “favorece a los libertarios”.
Semejante razonamiento revela una preocupante distorsión en las prioridades de la gestión pública. Al encuadrar la tensión social bajo la óptica exclusiva de la conveniencia electoral de un espacio político antagónico, la máxima autoridad de Tierra del Fuego confunde la causa con el síntoma y evade el núcleo de sus responsabilidades constitucionales.
El gobernador erra el diagnóstico de manera categórica. Un conflicto social no se desata ni se sostiene en el tiempo por el beneficio hipotético que un tercero pueda obtener en las urnas, sino por la incuestionable incapacidad del Estado provincial para brindar respuestas concretas, previsibles y sostenibles a las demandas de su comunidad.
Quien parte de una premisa equivocada resulta estructuralmente incapaz de elaborar soluciones eficaces. Mientras el Poder Ejecutivo observe las protestas y el descontento ciudadano como un mero insumo para la especulación partidaria, la búsqueda de salidas de fondo permanecerá bloqueada por la propia ceguera política del mandatario.
El ámbito donde este diagnóstico fallido adquiere sus contornos más dramáticos es el sector educativo, un área golpeada por deficiencias que se han agudizado de forma alarmante durante los años de la actual administración.
Los datos eximen de mayores comentarios: en lo que va del presente ciclo lectivo, se ha perdido más del 60 % de los días de clases programados, diluidos entre paros, huelgas y las sistemáticas “desobligaciones” impulsadas por la entidad gremial docente.
El derecho fundamental a aprender se ha transformado en Tierra del Fuego en una intermitencia crónica que vulnera el presente escolar y desarticula el desarrollo intelectual de miles de niños, niñas y jóvenes fueguinos.
Resulta insoslayable remarcar la paradoja política que subyace en este escenario de aulas vacías. La parálisis de la escuela pública es promovida por el SUTEF, un gremio que se presentó como un aliado estratégico de la gestión de Melella y cuya sintonía política acompañó de cerca el proyecto del oficialismo provincial.
Hoy, la ruptura de esa alianza no hace más que exponer la fragilidad de un modelo de gobierno sustentado en acuerdos coyunturales y prebendas de ocasión, en lugar de haberse edificado sobre políticas educativas de Estado de largo plazo.
Afirmar que el colapso del sistema beneficia a un sector político busca construir un enemigo conveniente para victimizar al Ejecutivo provincial. Sin embargo, en una sociedad donde más de la mitad de las jornadas escolares quedan truncas, la premisa del cálculo electoralista resulta profundamente falaz: en esta crisis no hay ningún beneficiado.
Que quede claro: No se benefician los alumnos despojados de continuidad pedagógica, no se benefician las familias forzadas a reorganizar diariamente su vida laboral ante la impredecibilidad del calendario, ni se beneficia la provincia, cuyo tejido productivo y social se erosiona a medida que se degrada la formación de sus futuras generaciones.
Incluso para la oposición política, el desgaste de las instituciones locales y el vaciamiento del sistema público representan un patrimonio destruido sobre el cual es imposible edificar un proyecto colectivo próspero. La degradación institucional no es insumo para la victoria de nadie; es, en definitiva, la derrota de la sociedad en su conjunto.
Reducir la pérdida sistemática de clases a una disputa sobre qué espacio saca ventaja en la contienda de opinión pública constituye una falta de respeto hacia los ciudadanos que padecen a diario las consecuencias de la inacción gubernamental.
La prolongación de este escenario pone de manifiesto una profunda desconexión entre el discurso oficial y la realidad objetiva de los establecimientos escolares. Mientras las autoridades provinciales gastan valiosos recursos en desviar la atención hacia la arena nacional, la infraestructura edilicia escolar muestra signos evidentes de abandono, los contenidos curriculares sufren recortes irreparables y la vocación docente se ahoga en un clima de permanente confrontación salarial y desgaste institucional.
Gobernar exige templanza, autocrítica y la firme voluntad de asumir los costos de las propias decisiones administrativas. Buscar refugio en la polarización nacional o achacar las tensiones internas al crecimiento de fuerzas políticas competidoras es un recurso retórico agotado que no resuelve un solo día de clase perdido ni devuelve la dignidad a las aulas.
La resolución del conflicto con los docentes requiere abandonar el juego de las culpas cruzadas, restablecer la previsibilidad en la administración de los recursos públicos y garantizar, con rigor y convicción, la continuidad del ciclo lectivo.
El distanciamiento entre las promesas de campaña y los resultados de la gestión ha generado un escepticismo generalizado en la comunidad, que observa cómo las discusiones se eternizan sin que aparezca un plan articulado para destrabar el dictado de clases.
La educación pública fueguina no puede quedar relegada al rol de rehén de las disputas entre antiguos aliados ni a una variable de ajuste de la política partidaria, porque los costos de esta parálisis los pagará la provincia durante las próximas décadas.
Tierra del Fuego atraviesa una encrucijada vital en la que no hay margen para improvisaciones ni excusas de ocasión. Cuando la conducción de un Estado pierde de vista la gravedad de sus omisiones y prefiere el cálculo político antes que el cumplimiento de sus deberes esenciales, el daño social trasciende cualquier mandato electoral.
Dejar el presente y el futuro de la educación en manos de quienes carecen de respuestas, capacidad de gestión y habilidades para resolver los problemas es condenar a toda una generación al estancamiento y a la pérdida irreversible de sus oportunidades de desarrollo.
