El tratamiento legislativo de la Ley de Tierras reabre un intenso análisis político sobre la soberanía territorial y el valor estratégico de los recursos naturales. El Lic. en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Pedro Schvartzman, advirtió sobre los riesgos de modificar los límites a la propiedad extranjera y analizó las complejas negociaciones en el Senado.
En Costo Político por Radio Provincia, el especialista en Economía, Finanzas y Políticas Públicas oriundo de Tierra del Fuego, pero residiendo de forma permanente en Buenos Aires, consideró que “en el marco del debate legislativo sobre las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo, la modificación de la normativa sobre la venta de tierras a extranjeros se ha posicionado en el centro de la agenda política” y explicó que “la propuesta del Gobierno busca alterar sustancialmente los marcos regulatorios vigentes desde 2011”.
El análisis político de Schvartzman evidenció que los cambios planteados “no representan un hecho aislado, sino que forman parte de un esquema normativo más amplio”. Al respecto, el advirtió sobre la gravedad de habilitar excepciones para Estados o sociedades extranjeras: “Atentaría directamente contra toda la idea de la Patria, no tiene ningún sentido”.
Uno de los puntos centrales del debate gira en torno a la flexibilización de los topes de propiedad. Mientras que la legislación actual fija un límite del 15 % para la posesión extranjera a nivel nacional y departamental, las reformas en discusión proponen eleva o eliminar dichos techos. Sobre este aspecto, el especialista remarcó la importancia de mantener salvaguardas: “Me parece que es importantísimo seguir pudiendo tener ciertos límites ante esto”.
El impacto geopolítico en regiones sensibles, como la Patagonia y la provincia de Tierra del Fuego, constituye otro eje de preocupación.” La cercanía a zonas limítrofes y la presencia de recursos estratégicos incrementan el valor de la preservación territorial”, enfatizó y añadió: “Tierra del Fuego es un enclave geopolítico por su valor estratégico incalculable para nuestro país y para el equilibrio del Atlántico Sur”.
Para dimensionar la escala del territorio que actualmente se encuentra bajo titularidad extranjera en el país, apeló a una comparación directa: “El 5% equivale a 13 millones de hectáreas, exactamente la extensión territorial que tiene Inglaterra”, precisó, subrayando la magnitud de los recursos en juego ante una eventual ampliación de esos porcentajes.
Asimismo, el analista vinculó la Ley de Extranjerización de Tierras con otras iniciativas normativas, como las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego y las regulaciones ambientales.
Según planteó, “la flexibilización combinada de estas normas podría habilitar especulaciones inmobiliarias sobre áreas afectadas por incendios o desastres naturales, limitando además la capacidad de intervención del propio Estado”.
En el plano estrictamente legislativo, el tratamiento de la norma exige la articulación entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores provinciales, representados directamente en la Cámara Alta. Con un piso de 37 votos requeridos para la aprobación, el proyecto ha transitado múltiples modificaciones y cuartos intermedios en búsqueda de consensos.
A pesar de las dificultades para consolidar las mayorías necesarias, Schvarztman desestimó que el resultado final configure un escenario definitivo para el oficialismo: “No creo que aprobar o no aprobar una ley sea determinante realmente en la construcción política”.
Finalmente, concluyó que la discusión sobre la propiedad de la tierra “excede la coyuntura gubernamental” y atañe al desarrollo nacional a largo plazo. La preservación de las reservas de agua, gas, petróleo y capacidad productiva requiere, según su análisis, “un marco de protección estatal firme y sostenible en el tiempo”.
