La Agencia de Innovación de Tierra del Fuego volvió a colocarse en el centro de las críticas por el acelerado crecimiento de la estructura del Estado provincial. A través de dos decisiones administrativas tomadas con apenas un día de diferencia, el organismo oficializó la creación de una nueva Secretaría jerárquica y la inmediata designación de la funcionaria que la encabezará.
La maniobra quedó registrada formalmente en el Boletín Oficial. El pasado 29 de junio, mediante la Resolución 295/2026, la presidencia del organismo incorporó a su organigrama la Secretaría de Ciberseguridad. Para justificar la medida, se argumentó la necesidad de “proteger las infraestructuras tecnológicas estatales ante el avance del proceso de digitalización de los servicios públicos”.
La nueva área no llegó sola: su creación conllevó además la apertura de toda una cascada burocrática interna. Bajo la órbita de la flamante Secretaría quedaron encuadradas la Dirección de Seguridad de la Información y Ciberdefensa, el Departamento de Respuesta a Incidentes y Monitoreo, y la División de Operaciones y Análisis de Vulnerabilidades.
La sorpresa llegó apenas 24 horas después. Mediante la Resolución 297/2026, la Agencia nombró formalmente a Teresita de Jesús Gómez al frente de la Secretaría de Ciberseguridad, quien comenzó a ejercer sus funciones de manera inmediata tras la notificación oficial. La velocidad del proceso reavivó los cuestionamientos sobre la previsibilidad y transparencia de estas asignaciones.
La expansión administrativa de la Agencia de Innovación, ente creado en 2022 para fomentar la economía del conocimiento, viene sumando controversia. En la actualidad, el organismo ya supera los 225 agentes y maneja para este 2026 un presupuesto asignado de más de $ 11.000 millones, consolidándose como uno de los espacios con mayor crecimiento dentro de la administración pública provincial.
El vertiginoso nombramiento ocurre en un escenario complejo para la gestión de Gustavo Melella, caracterizado por fuertes tensiones financieras, reclamos de recomposición salarial en la administración pública y pérdidas de puestos de trabajo en el sector productivo de la provincia, reabriendo el debate sobre las prioridades en la asignación de los recursos públicos.
