Christian Bisso
El último informe del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento de la Dirección Provincial de Energía le pone luces de neón a una realidad que los fueguinos padecemos cada vez que se corta la luz: el servicio eléctrico de Tierra del Fuego está en ruinas.
No lo digo yo ante este micrófono y desde la indignación que me provoca ver el estado cotidiano de las cosas. Lo dice el organismo de control de la provincia. Hay una parálisis total, una improvisación alarmante y un manejo financiero que raya lo inexplicable.
Pongamos nombre y apellido a la gran responsable de este descalabro. Gabriela Castillo demostró, una vez más, una incapacidad absoluta para gestionar la cosa pública. Manejó los recursos estratégicos de la provincia con una negligencia espeluznante. Y lo hizo, por supuesto, con la total anuencia, el aval y la complicidad política del gobernador Gustavo Melella.
¿De qué estamos hablando? De más de 4.600 millones de pesos transferidos desde la Dirección Provincial de Energía a un ministerio sin que a la fecha exista un solo comprobante o rendición de cuentas que diga en qué se gastó la plata. Hablamos de 3.300 millones de pesos de déficit acumulado que nadie sabe cómo se van a recuperar. Hablamos de fondos nacionales para mantenimiento de redes que directamente desaparecieron del mapa.
Declararon la emergencia eléctrica para saltearse las licitaciones y comprar de manera directa. Prometieron soluciones urgentes y definitivas. Sin embargo, pasó un año entero de emergencia y el Tribunal de Cuentas constató que no hay un solo informe técnico que demuestre que el servicio haya mejorado. Se gastaron fortunas sin control y las turbinas siguen fallando.
A este caos presupuestario se le suma un sistema informático obsoleto y desintegrado, donde los datos se pasan manualmente en planillas de Excel sin ningún tipo de seguridad. Si, como lo escuchaste. Métodos del siglo pasado, para la gestión que venía a ponernos en el futuro.
El propio informe revela que no existe un control interno real y que la administración depende de la simple buena voluntad del personal. Un organismo que maneja miles de millones, que opera a ciegas, exponiendo el patrimonio público a errores y pérdidas irreparables.
Mientras tanto, la descapitalización del ente es total. Le quitaron a la DPE los fondos específicos para infraestructura e inversión. Dejaron vencer acuerdos, ocultaron deudas en los balances contables y perdieron juicios multimillonarios en dólares por no tener la previsión más elemental. No hay planificación; solo hay parches sobre parches mientras Castillo sonríe ante las cámaras, evidentemente protegida por algo más que su casco color rosa.
Incluso cuando los auditores del Tribunal de Cuentas fueron a pedir explicaciones sobre el dinero de los fueguinos, la respuesta de las autoridades fue el silencio y la evasión. Ignoraron intimaciones oficiales y retuvieron información clave. Es el desprecio absoluto por la transparencia y por el dinero que sale de los impuestos de cada fueguino.
El diagnóstico de los que saben del tema es lapidario. Las estimaciones más optimistas hablan de al menos un lustro, cinco años enteros de trabajo duro, inversión sostenida y gestión seria, solo para recomponer el daño tremendo que la gestión de Melella le provocó a los servicios públicos de nuestra isla. Los que nos prometieron que íbamos a vivir mejor, nos dejan a oscuras y con una deuda monumental.
Pero hay algo que llama poderosamente la atención. Hay algo que a esta altura resulta indignante y merece una explicación. A pesar de este constante descalabro financiero, de la pérdida de recursos públicos y de las sospechas vertidas por los propios auditores, no hay una sola denuncia judicial contra el gobernador ni contra sus funcionarios. En la Justicia provincial reina un silencio absoluto y casi cómplice. Nadie investiga, nadie llama a rendir cuentas, nadie defiende el bolsillo de los fueguinos.
No nos engañemos más. Esto no es mala suerte ni producto de la crisis nacional. Esto es el resultado deliberado de siete años de improvisación, de amiguismo voraz y de un desprecio total por la gente.
Cuando concluya su desgobierno, serán ocho años de Gustavo Melella que van a dejar a Tierra del Fuego en la penumbra, atada a deudas impagables y con los servicios públicos destruidos desde sus cimientos.
Lo más trágico de esta historia no es solo el futuro que ya nos robaron o lo que rompieron, sino la certeza de saber que, cuando las luces se apaguen del todo, no habrá nadie tras los escritorios para dar la cara ni para pedir perdón.
