Apenas unos meses después de su histórica reapertura al público -luego de que el Municipio de Tolhuin lograra recuperar el predio tras más de dos décadas de un complejo litigio judicial-, el futuro inmediato de las Termas del Río Valdez ha vuelto a quedar envuelto en una profunda incertidumbre.
El complejo turístico se encamina a un cierre obligado debido a la asfixia financiera derivada de un feroz cruce de decisiones institucionales entre el Ejecutivo local y el cuerpo de concejales. La crisis estalló de manera definitiva luego de que el Concejo Deliberante aprobara una sorpresiva modificación normativa que eliminó por completo el cuadro tarifario que sostenía el lugar.
Con esta medida, las termas volvieron a declararse formalmente gratuitas, pero la resolución careció de un esquema de financiamiento alternativo que permitiera al Estado municipal absorber de forma autónoma la estructura de costos operativos.
Desde el sector técnico del Ejecutivo explicaron que mantener las puertas abiertas bajo estas nuevas condiciones resulta una tarea impracticable. Al verse despojados de los ingresos directos por tarifa, las arcas públicas locales aducen no poder afrontar los elevados costos de personal, los sistemas de seguridad, el mantenimiento básico de la infraestructura ni los servicios de asistencia indispensable para resguardar a los visitantes de la zona.
La situación dejó al descubierto la preocupante falta de cintura política de la gestión municipal, que se mostró incapaz de anticipar la jugada legislativa o de tender puentes previos con el Concejo Deliberante.
La ausencia de un debate técnico articulado evidencia que el Ejecutivo careció de la muñeca política necesaria para blindar una de las mayores apuestas de desarrollo de la localidad. Más allá del daño administrativo interno, el impacto económico golpeará con fuerza a toda la cadena turística regional.
Diversos prestadores locales, comerciantes y hoteleros manifestaron su profunda frustración al ver congelado un atractivo que dinamizaba la economía de Tolhuin, todo esto mientras la empresa privada Roanmat aún busca reabrir la disputa por las 400 hectáreas en el plano judicial de la Nación.
Sin capacidad de reacción gubernamental y con las vías de diálogo formal completamente rotas, el Municipio de Tolhuin admitió que “no están dadas las condiciones mínimas” para garantizar la seguridad dentro del predio.
La falta de consenso político y la impericia para defender un recurso estratégico no solo obligan a suspender las actividades, sino que dejan el patrimonio termal desamparado frente al riesgo de un nuevo despojo legal o del abandono físico.
