El Movimiento Popular Fueguino (MPF) manifestó su profunda preocupación ante la alarmante situación laboral que atraviesan cientos de familias vinculadas a las áreas hidrocarburíferas transferidas desde YPF a la petrolera estatal provincial Terra Ignis. El pronunciamiento se dio tras la formalización de un reclamo por parte del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego.
Desde el espacio político advirtieron sobre los severos riesgos que enfrenta el empleo y el esquema productivo local, pero marcaron una clara distancia respecto de los destinatarios de las quejas gremiales.
“Nos llama poderosamente la atención que el destinatario principal del reclamo sea la Legislatura provincial”, señalaron mediante un comunicado oficial, advirtiendo que el Parlamento no posee “facultades de gestión directa” sobre el traspaso.
Para el MPF, resulta evidente que la responsabilidad política y administrativa de la actual crisis recae de forma exclusiva sobre el Poder Ejecutivo provincial, los directivos de Terra Ignis y “quienes diseñaron un proceso de transferencia carente de previsibilidad”. Recordaron que, durante el tratamiento legislativo de las cesiones, ya habían manifestado “serias reservas sobre la sustentabilidad operativa del esquema propuesto por el oficialismo”.
La crítica más feroz apuntó a la cúpula política a cargo del proyecto: “Si algo quedó demostrado es que nada que conduzca el gobernador Gustavo Melella, la ministra Gabriela Castillo y el ‘ñoqui’ más caro de la provincia, Maximiliano D’Alessio, puede funcionar”, fustigó con dureza el MPF, sentenciando que las decisiones tomadas sumieron a la provincia en un escenario de gran incertidumbre y menor previsibilidad.
Asimismo, la fuerza opositora recordó las trabas institucionales impuestas desde la Casa de Gobierno. Destacaron que la Legislatura, a través de la síndica Dra. Constanza Carro, “intentó implementar medidas de control y transparencia sobre Terra Ignis”. Sin embargo, denunciaron que la respuesta del gobernador Melella, “lejos de aportar claridad o facilitar las auditorías, consistió en impulsar la remoción de la funcionaria”, profundizando la crisis de transparencia que hoy afecta al sector productivo.
