La propuesta fue elevada por la porteña Daiana Fernández Molero y el santafesino Alejandro Bongiovanni. Buscan llevar a cero la alícuota a los bienes de informática y telecomunicaciones que ingresan o se exportan al Mercosur.
A partir de un proyecto de ley para evitar que el Estado establezca prohibiciones o restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos, el Poder Ejecutivo busca remover barreras al ingreso de bienes de informática y telecomunicaciones, como computadoras, celulares, parlantes, auriculares, ventiladores y fibra óptica, entre otros.
La iniciativa que lleva la firma de los diputados del PRO, Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni, ingresó hace sólo una semana a la Cámara de Diputados, por lo que todavía no fue tratada en comisión. Allí, los legisladores deberán debatir sobre la medida que, de avanzar, quitará incentivos a la producción local, concentrada en Tierra del Fuego.
En su artículo uno, el proyecto, parte de sustituir el artículo 609 de la Ley 22.415 de Código Aduanero para incorporar modificaciones, entre ellas, que el Poder Ejecutivo nacional no pueda establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos.
Las computadoras y celulares, bienes imprescindibles para el trabajo y la educación en el Siglo XXI, pueden ser más baratos. Con @alejobongio aportamos algunas ideas. pic.twitter.com/e9jJUuDKWo
— Daiana Fernandez Molero (@daianamol) September 11, 2024
En ese sentido, entre las prohibiciones económicas, describe: asegurar un adecuado ingreso para el trabajo nacional o combatir la desocupación; ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior y promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o vegetales.
Además, agrega motivos como: estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; e) atender las necesidades de las finanzas públicas; proteger los derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial y resguardar la buena fe comercial, a fin de impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los consumidores.
En término de impacto económico, la apertura del mercado tecnológico, resultará un desaliento a la producción local que en el extremo sur del país genera 8.500 puestos de trabajo directo y otros 7.300 de forma indirecta.
En el polo tecnológico de Tierra del Fuego, a partir de beneficios impositivos, se fabrica el 94 % de los teléfonos celulares, televisores, acondicionadores de aire, cocinas de microondas y electrónica para automóviles que se usan en la Argentina.
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La diputada consideró que el presidente 'incumplió el rol de funcionario público y la ley de ética pública'. 'Milei fue partícipe necesario de una estafa informática', argumentó para justificar la postura del bloque.