Los primeros tres plenarios de comisiones en la Cámara de Diputados para debatir la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei, expusieron los contrapuntos entre los diputados oficialistas y los de la oposición, fragmentada y con posturas disímiles.

Ante esta situación, los funcionarios que acudieron a las comisiones emitieron promesas de corrección de algunos de los artículos más polémicos del proyecto. En este informe, Costo Político analiza la viabilidad de las mejoras a la ley Ómnibus, como así también aquellas cuestiones que el Gobierno considera no se negocian bajo ningún concepto.

» Se toca, pero…

La duración de las emergencias es el tema en el que Javier Milei se mostró más concesivo. El proyecto delega facultades al Poder Ejecutivo en once apartados, por dos años, con la opción de extenderlas por decreto el mismo plazo. Significa toda la gestión de La Libertad Avanza.

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, propuso que sea por un año, con opción a dos. La oposición aceptó, pero pidió que el segundo quede a consideración del Congreso, un detalle que aún está en discusión.

Otro tema es la reforma penal. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que se elimina uno de los artículos más polémicos del proyecto: la prohibición de reuniones de más de tres personas en la vía pública.

Reconoció que fue un error, porque se trataba de una reforma a la Ley de Tránsito. Este capítulo se completa con aumento de penas por cortar calles y nuevas causales a la legítima defensa. La oposición dialoguista respalda estas medidas.

En materia de hidrocarburos y tomo está redactado, el proyecto avanza sobre las facultades de las provincias que tienen garantizadas en la Constitución, al darle al Poder Ejecutivo la facultad de 'otorgar permisos, concesiones y autorizaciones'.

Rodríguez Chirillo explicó que se trató de un problema de redacción porque se tomó como base la legislación actual, previa a la reforma de la Carta Magna de 1994. Otro aspecto que genera rechazo es que las regalías no serían fijas, sino que entrarían en un marco de licitación. En la discusión de este tema pesan los partidos provinciales.

A su vez, la reforma política es uno de los capítulos rechazados por todas las fuerzas de la oposición y el Gobierno parece dispuesto a ceder. Durante el segundo plenario, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ironizó con el cuestionamiento unánime que tuvo el sistema de circunscripciones uninominales propuesto para votar la integración de la Cámara de Diputados.

Admitieron que no sería para la Casa Rosada una urgencia su aprobación. No hubo críticas explícitas de ninguna bancada a la eliminación de las elecciones primarias, aunque tampoco se escucharon apoyos explícitos.

Por otra parte, tanto los biocombustibles como la actividad de la pesca son dos sectores que lograron que el Gobierno anunciara modificaciones, aunque para no mostrarse concesivo las calificó como correcciones.

En cuanto a la pesca, el proyecto elimina la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos y de contratar personal local embarcado, que representa el 75 %. Francos prometió que se revisará, pero nunca mostró un texto alternativo.

Rodríguez Chirillo sí anunció una nueva versión del capítulo de biocombustibles. Consiste en liberar el precio y aumentar el corte de biodiesel de siete a 10 %, para luego llevarlo a 15 % hasta 2026 y a 12 % el de bioetanol, con un incremento a 18 % en tres años. Como se sumará participación a las empresas integradas, hay molestia en el sector.

» No se toca

El proyecto aumenta las retenciones a 33 % sobre los subproductos de soja, a 15 % las demás e incorpora una alícuota de 8 % sobre las mercaderías del complejo vitivinícola y el aceite esencial del limón. La UCR y HCF se oponen y advierten sobre una rebelión masiva de las economías regionales, que son capaces de juntar votos en todos los bloques.

El Gobierno asegura que estos incrementos se compensan con la devaluación. Una alternativa que se planteó en el Ejecutivo es garantizar que los derechos aduaneros se eliminan si hay superávit fiscal. Por ahora, no la oficializó.

El de las jubilaciones es tal vez el capítulo en el que más lejos se está de un acuerdo. El proyecto propone eliminar la fórmula vigente para calcular el aumento de jubilaciones, sin reemplazarla por una nueva. Los aumentos, de esta manera, quedarían a discreción del presidente.

El PRO exigió que, al menos, haya un compromiso para que en seis meses se apruebe otro índice. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, avisó que Milei no está dispuesto a negociar este asunto, clave para cumplir sus compromisos fiscales.

Asimismo, Javier Milei solicita tomar deuda sin restricciones y renegociar la existente a gusto, a partir de la corrección de dos leyes vigentes (la de sostenibilidad y la de administración financiera). Propone que cada Gobierno se endeude cuando quiera según 'las condiciones imperantes del mercado'. El PRO planteó que es una redacción era demasiado laxa y debía ser más específica, pero Quirno no le respondió.

» Está por verse

La Ley Ómnibus faculta al presidente a privatizar 41 empresas públicas, sin discriminar la situación de cada una de ellas. La oposición se unió para poner límites: exigen al menos un pliego de condiciones discriminado y dejar fuera aquellas que dan ganancias o son estratégicas, como YPF y el Banco Nación. Rodríguez Chirillo dijo que la autorización a privatizar no significa que el trámite sea automático. No hubo contrapropuesta oficial.

Además, el proyecto elimina la ley de defensa de la competencia y crea una nueva. La UCR no están de acuerdo con darle el control del directorio al Gobierno y a la primera minoría del Senado, o sea, el peronismo. El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, fue a exponer al último plenario, pero no le preguntaron del tema.

Sobre el Código Civil, la iniciativa incluye una amplia reforma, con medidas como el divorcio simplificado. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, explicó que se trata sólo de flexibilizar el final de un vínculo, pero no altera el trámite judicial por la tenencia de menores de edad.

No convenció a sectores de la UCR. Hay dudas en la oposición sobre los límites para pagar intereses, la restricción del daño civil (sólo podría reclamarlo el damnificado directo) y la supletoriedad de las normas legales en distintos tipos contractuales.

No hubo voces críticas para el capítulo del proyecto que propone implementar el juicio por jurados, una deuda con la Constitución desde 1853. Se aplicaría para penas de más de cinco años de prisión y con 12 jueces, que deberían vestir traje de toga y usar martillo. La oposición considera una 'pavada' imponer esta vestimenta.

Cuneo Libarona aceptó que no perderá la oportunidad de cumplir con la Carta Magna por discusiones de vestuario: 'La toga se usa en muchas provincias y en muchos lugares del mundo, pero no vamos a dejar de aprobar el tema del juicio por jurados por eso'.