El intendente del Municipio de Tolhuin, Daniel Harrington, vetó una polémica ordenanza aprobada por los concejales de dicha localidad que permitía la venta y posterior subdivisión de terrenos sin factibilidad de servicios y sin supervisión municipal.

La práctica, muy habitual en el pasado, permitía al dueño de un lote dividirlo en cuantas partes quisiera y vender esas nuevas parcelas, sin documentación que lo avale y sin los servicios básicos disponibles para cada loteo, propiciando el hacinamiento de aquellas personas que de buena fe adquirían los terrenos.

La Ordenanza 660, impulsada por los concejales, pretendía modificar el Código de Ordenamiento Territorial para facilitar la subdivisión de terrenos, sin tener en cuenta la disponibilidad de servicios como redes de agua y cloacas, gas y energía eléctrica. Como si eso fuera poco, el Concejo Deliberante pretendía habilitar dichas subdivisiones sin estudios técnicos previos.

La decisión de los ediles no tuvo trabajo de comisión, lo que expone una vez más el poco afecto de los ediles tolhuinenses al trabajo a conciencia. No se realizaron ni siquiera consultas a las áreas técnicas municipales ni al Colegio de Agrimensores, voz autorizada ante semejante decisión.

» Contradicciones

La apresurada decisión del Concejo Deliberante de Tolhuin dejó en evidencia a los ediles ya que la ordenanza que aprobaron colisiona contra la Ordenanza 513 del año 2019 que creó el Registro Único de Urbanizaciones en Manos de Particulares.

En su artículo 4°, dicha norma prohíbe las subdivisiones de terrenos sin la aprobación previa del Municipio de Tolhuin, un proceso que aseguraba un 'control adecuado y la provisión de servicios básicos'.

Cabe recordar que la composición del anterior cuerpo de concejales era muy similar por lo que la mayoría automática del cuerpo -léase el bloque que conforman Jeannette Alderete, Rosana Taberna, Matías Rodríguez y Marcelo Muñoz- que aprobó en 2019 esa ordenanza, hoy se contradice con una nueva normativa que permite la subdivisión de lotes sin intervención municipal y sin factibilidad de servicios, cuestión reprobada por la anterior normativa.

Por otra parte, el artículo 6° de la norma de 2019 desaconseja la subdivisión de tierras adjudicadas originalmente para proyectos turísticos, promoviendo un control estricto y el apoyo a actividades que impulsen el crecimiento productivo.

En contrapartida, la nueva ordenanza ignora esos lineamientos, reflejando una profunda contradicción que, según fuentes consultadas por Costo Político, podría dar lugar a la especulación inmobiliaria, como sucede actualmente en otras ciudades, donde los vecinos no logran acceder a la vivienda por sus altos valores de comercialización, mientras en paralelo crece la oferta temporaria con fines turísticos.