Un pedido de juicio político contra el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue presentado formalmente ante la Legislatura provincial. La iniciativa busca que el cuerpo legislativo active los mecanismos institucionales previstos en la Constitución provincial para evaluar la conducta y el desempeño del mandatario.
La presentación fue promovida por el subcomisario Daniel Ariel Torales; el suboficial mayor Alfredo José Gatti y el suboficial escribiente Jorge Alejandro Herrera, todos retirados de la fuerza policial territorial y directamente alcanzados por la problemática previsional denunciada públicamente hace por lo menos un año y medio.
“La presentación no se limita a reclamar por una diferencia de haberes ni pretende convertir a la Legislatura en un tribunal previsional”, admitieron los firmantes en una publicación que compartieron en redes sociales y que rápidamente se viralizó.
En ese sentido, expresaron que “lo que se pone bajo consideración del Poder Legislativo es una problemática institucional y previsional de carácter estructural, desarrollada durante años y que actualmente afecta en forma directa a retirados y pensionados provenientes de la Policía del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego”.
“El escrito procura reconstruir y analizar la continuidad de decisiones, omisiones, advertencias oficiales, antecedentes administrativos, informes de organismos de control, leyes provinciales, resoluciones de la Caja y actuaciones judiciales, para determinar qué respuestas fueron adoptadas frente a una crisis que terminó afectando prestaciones de naturaleza alimentaria”, argumentaron.
Por otro lado, fundamentaron que “después de años de reclamos, informes, denuncias, advertencias de organismos de control, actuaciones judiciales y presentaciones institucionales, se ha llegado a una instancia distinta. Hoy el pedido de juicio político está formalmente en manos de la Legislatura provincial”.
“A partir de este momento, corresponde que cada legislador y cada bloque político asuma la responsabilidad institucional que le compete”, precisaron los firmantes y añadieron: “No se les está pidiendo que condenen anticipadamente a nadie; se les está pidiendo algo mucho más elemental en una República: que investiguen. Que requieran los expedientes. Que confronten las resoluciones con las leyes. Que determinen dónde fueron los aportes y contribuciones. Que analicen la trazabilidad de las decisiones. Que establezcan quién sabía, desde cuándo lo sabía y qué hizo frente a ese conocimiento”.
A su vez, los policías que firmaron el pedido de juicio político señalaron que “esperamos que, finalmente, determinen -con las garantías constitucionales correspondientes- si los hechos acreditados configuran o no mal desempeño en el ejercicio del cargo de gobernador”.
“El silencio ya no puede reemplazar a la respuesta institucional. La documentación fue presentada. Los antecedentes fueron individualizados. Las normas fueron señaladas. Los organismos que poseen la prueba fueron identificados. Ahora la responsabilidad de investigar está en manos de la Legislatura provincial”, concluyeron.
