El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quedó en el ojo del huracán tras verse forzado a rectificar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. El funcionario, que durante meses había negado de forma tajante cualquier irregularidad ante los legisladores, admitió públicamente que omitió declarar una cifra superior a los 500 mil dólares invertidos en bitcoins, además de inconsistencias sobre la titularidad compartida de su vivienda.
Lejos de calmar las aguas, su argumentación televisiva de que se trató de un simple “error” y que “ahorró en negro”, avivó las acusaciones de enriquecimiento ilícito y ocultamiento deliberado. La reacción del Congreso no se hizo esperar y el oficialismo sufrió un duro golpe táctico cuando Mauricio Macri ordenó al PRO retirar el blindaje legislativo al funcionario.
En la Cámara de Diputados, una amplia coalición de bloques opositores -que incluye a Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda- ya convocó a una sesión especial para el próximo 23 de junio con el fin de interpelar a Adorni.
El escenario es tan crítico que varios sectores impulsan formalmente una moción de censura bajo el amparo de la Constitución, un mecanismo legal diseñado para removerlo de su cargo de manera definitiva. Incluso dentro del propio Gobierno el malestar es inocultable.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, calificó públicamente de “una vergüenza” las explicaciones que dio el ministro coordinador. Desde el radicalismo también lanzaron dardos fulminantes al asegurar que “quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado”, elevando la presión para que el presidente Javier Milei decida desplazarlo antes de que el costo político continúe escalando.
En las calles y en las plataformas virtuales, el humor social viró rápidamente hacia la indignación y la ironía. La opinión pública, severamente golpeada por las políticas de ajuste y la pérdida de poder adquisitivo, reaccionó con absoluto rechazo frente a las justificaciones de Adorni.
La idea de que un alto funcionario admita haber mantenido fondos fuera del sistema financiero legal, mientras el Gobierno exige el cumplimiento estricto de las normas fiscales a la ciudadanía, dinamitó el discurso de transparencia y “ejemplaridad” que los libertarios enarbolaban como bandera.
Ante la inminencia del llamado al recinto, Adorni ensayó una contraofensiva anunciando que acudirá al Senado a brindar su informe de gestión, una obligación constitucional que tenía atrasada desde hace meses. Sin embargo, la Justicia federal ya sigue de cerca el caso y el tiempo parece agotarse para el portavoz presidencial.
La sesión del 23 de junio marcará un antes y un después para la administración de Milei, que enfrenta su primera gran crisis de corrupción interna con el riesgo real de perder a una de sus piezas más importantes.
