En un fallo de enorme impacto institucional para Tierra del Fuego, la Justicia Electoral provincial resolvió frenar definitivamente el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobernador Gustavo Melella. La resolución judicial determinó la anulación de la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, argumentando graves inconsistencias en los plazos legales previstos por la normativa que declaraba la necesidad de la reforma.
La determinación de la Justicia se alinea de manera contundente con el reciente posicionamiento de la Legislatura provincial, que ya había avanzado en dejar sin efecto la ley reformista. Este nuevo frente judicial expone el agotamiento de la estrategia del oficialismo, que pretendía sostener el proceso electoral a pesar del fuerte rechazo político y legislativo cosechado en las últimas semanas.
Desde el entorno del Ejecutivo, la medida generó fuertes reacciones defensivas. El propio gobernador Melella y sus principales allegados salieron a cruzar duramente el fallo, manifestando de forma pública que “quieren gobernar desde la Legislatura y desde la Justicia”. Con estas declaraciones, el oficialismo busca instalar un supuesto “avasallamiento institucional”, argumentando que existe una alianza entre los demás poderes del Estado para restarle facultades y bloquear la gestión del mandatario.
Con esta anulación electoral dictaminada por los tribunales, el voluntarismo reformista del Gobierno provincial queda completamente sepultado en términos fácticos. El escenario abre ahora un período de extrema parálisis e incertidumbre para Melella, quien deberá afrontar los dieciocho meses restantes de su mandato en una posición de absoluta minoría legislativa y con sus principales herramientas políticas severamente desgastadas.
