La anunciada decisión del gobernador Gustavo Melella de recurrir a la Justicia para que determine la legalidad de la intervención del puerto de Ushuaia, sufrió un duro revés cuando el juez federal actuante devolvió la presentación por considerarla incompleta, tras verificar que en la misma abundan errores de forma impropios de una requisitoria de semejante tenor.
En efecto, el juez Federico Calvete decidió devolver la presentación realizada por el gobierno provincial al detectar en primer lugar, que en lugar de ejercer representación la Fiscalía de Estado, actúa en nombre del gobierno el abogado Emiliano Fossatto, que no está matriculado en el fuero federal.
Sobre el rol del letrado, Calvete precisa: “Hágase saber al Dr. Emiliano Fossatto que, sin perjuicio de su intervención como apoderado -atento el Poder acompañado en autos-, para litigar en la Justicia federal del interior del país, debe contar con matrícula federal” y que “si es de su interés, podrá gestionarla”.
Sin dudas, se trata de un papelón mayúsculo que deja en evidencia el nivel de improvisación y anarquía que reina en la Casa de Gobierno. Al parecer, ni Melella, sus allegados y muchos menos el abogado designado, estaban al tanto de un requisito fundamental para litigar como lo es matricularse en el fuero federal.
En otro párrafo de su escrito, Calvete ha pedido a la fiscalía federal que se expida sobre si este conflicto no debe ir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por tratarse de una demanda que una provincia inicia contra el gobierno nacional.
Por otro lado, el juez federal reclama saber por qué motivos no actúa el fiscal de estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien es el representante natural de la provincia en instancias de estas características. Finalmente, Calvete no hizo lugar a la posibilidad de habilitar la feria judicial para tratar de forma urgente el tema. Ni una sola a favor del planteo inicial de Melella.
Cabe resaltar que el juez federal no rechazó la presentación, sino que la devolvió para que el gobierno fueguino explique los puntos requeridos, con un plazo máximo de respuesta de 48 horas.
