Conocida la decisión del gobierno provincial de recortar fondos coparticipables a las ciudades para incrementar el aporte al Fondo de Prestaciones Prioritarias, el intendente del Municipio de Río Grande, Martin Perez, puso manos a la obra y definió un plan de acción para resguardar los recursos de los vecinos.
De esa forma, junto a su equipo de trabajo, definió dos objetivos para frenar la avanzada melellista: una presentación judicial que resguarde los fondos y una estrategia legislativa que debilite el margen de acción del gobierno fueguino.
» A la Justicia
En Elcano 203 ya cuantificaron el impacto de la decisión. Serian $ 600 millones al año los que dejaría de recibir el Municipio local por esta medida implementada por el gobierno fueguino, sin consulta, análisis previo y muchos menos, debate.
La cifra es bastante mayor a la consignada por el ministro de Economía, Alejandro Barrozo, quien había asegurado que “no es una cifra para nada significativa que ponga en riesgo ninguna de las prestaciones de las ciudades”.
El argumento con el que acudirán a la Justicia es claro: la decisión del gobierno provincial es ilegítima porque ese tipo de medidas que modifican el reparto de recursos, sólo pueden ponerse en práctica cuando los ejecutivos cuentan con sus presupuestos aprobados.
En el caso del gobierno provincial, para el presente ejercicio, solo cuentan con un presupuesto reconducido atento al desinterés que el propio gobierno de Gustavo Melella demostró al no motivar la aprobación de dicha herramienta, aun contando con mayoría en el Parlamento provincial.
Las autoridades municipales son optimistas. Creen que el argumento esgrimido será considerado por la Justicia, con dos vías de resolución: el inmediato cese de la quita de recursos o, en su defecto, la posibilidad de que se abra una instancia de diálogo para llegar a un consenso que el gobierno provincial no propició.
» A la Legislatura
La otra pata del plan de acción tiene un claro perfil político. Teniendo en cuenta que la posición dominante del gobierno en el Parlamento local se verá resentida por la ruptura del pacto entre Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, allí se ven más posibilidades de terciar para forzar al gobierno a dar marcha atrás con la decisión.
Por otro lado, buscarán dejar en evidencia a los legisladores que más allá de su pertenencia partidaria, llegaron a ese escaño desde Río Grande. La medida apunta específicamente a señalar la posición que puedan adoptar, por ejemplo, Federico Greve y Myriam Martínez.
Allí el planteo se hará evidente: ¿Cómo van a sostener la postura del gobierno provincial de quitarle fondos a Río Grande cuando ambos legisladores representan justamente a esa ciudad? ¿Es razonable que en otras épocas hayan criticado acciones similares y esta vez opten por avalar un recorte de dinero a la ciudad?.
Del mismo modo, es probable que Perez busque que los concejales de Río Grande se posicionen. El 15 de febrero, cuando brinde su discurso de apertura del período de sesiones, es altamente factible que haga referencia al tema y siente postura oficial.
Si eso sucede, resta por saber qué posición van a tomar los representantes de FORJA, que permanentemente han enarbolado la bandera de la defensa de la autonomía municipal y que, ante semejante arrebato de los integrantes de su propia fuerza, deberán optar por sentar posición.
