Tanto el Movimiento Popular Fueguino (MPF), como FORJA y Provincia Grande, emitieron sendos comunicados sentando postura acerca de la polémica por el recuento de votos y la anulación de casi 3 mil boletas de Republicanos, tanto en Río Grande como en Ushuaia.
El mensaje es, con matices, muy similar y responsabiliza a la fuerza de Javier Milei en Tierra del Fuego por haber puesto en los cuartos oscuros de la provincia, boletas que no coincidían en color con lo normado por la Justicia Electoral.
Propia torpeza
El comunicado más extenso es el que dio a conocer el MPF. Allí, al margen de las minuciosas explicaciones jurídicas del hecho, alega que es “responsabilidad imprimir de manera exacta las boletas autorizadas” y que ello “emerge no solo del principio de buena fe sino también para el propio aseguramiento del partido político de no sufrir sobresaltos a lo largo de los comicios, responsabilidad que debe mantenerse hasta la finalización del acto electoral”
“En ningún momento la norma dispone que la Justicia debe fiscalizar cada una de esas boletas enviadas para su distribución, puesto que resulta materialmente imposible que la Justicia Electoral con cinco días de antelación al comicio fiscalice una y cada una de las más de un millón de boletas envidas por cada partido político para su distribución”, argumentan.
El comunicado que lleva la firma de Mónica Urquiza y Damián Löffler, expresa que “en ningún momento el partido que ahora se queja desconoció el color de la boleta de distinto color impresa, pero a su vez tampoco hizo una autocrítica al respecto y no asumió su propia culpa en la impresión de las boletas, decidiendo volcar las culpas en una enorme cantidad de actores, pero nunca en su propio espacio político”.
Para finalizar, aseguran que “quizá, esa falta de autocrítica se debe al famoso adagio romano que traducido al castellano significa ni más ni menos que: ‘Nadie puede alegar su propia torpeza’”.
Cumplir las normas
Por su parte, el partido que lidera Gustavo Melella y la fuerza de Martín Perez rubricaron un comunicado conjunto donde aseguran que “el sistema electoral de nuestra provincia presenta algunos aspectos que deberán ser analizados y oportunamente mejorados de acuerdo a los resortes que nuestra Constitución prevé”.
“Eso no implica de ninguna manera que las reglas establecidas puedan pasarse por alto. Todos los espacios que se avienen a participar de la contienda electoral están obligados a cumplir las normas, que conocen de antemano”, manifiestan.
Asimismo, dicen que “entre los requisitos impuestos figura la oficialización de cada una de las boletas intervinientes, que son las únicas que serán tenidas en cuenta a la hora del conteo de los sufragios” y que “si por alguna razón fueron cambiadas o se distribuyeron otras boletas de distinto modelo a las aprobadas por la Justicia, será la misma Justicia Electoral conforme nuestro sistema republicano de gobierno quien tiene plena facultad para resolver sobre la validez o no de las mismas”.
“La decisión tomada por la Justicia Electoral respecto de la no validez de las boletas de color verde para el estamento concejales, lejos de tratarse de una actitud antidemocrática representa todo lo contrario: hacer valer reglas claras y parejas para todos”, enfatizan.
Para finalizar el comunicado, reflexionan: “Adaptarse y cumplir las normas es requisito fundamental de un sistema legítimo, institucional y democrático”.
