--- canonical_url: "https://costopolitico.com.ar/contenido/683/ley-de-financiamiento-educativo-el-plan-oficial-recae-sobre-los-contribuyentes" title: "Ley de Financiamiento Educativo: el plan oficial recae sobre los contribuyentes" article_type: "NewsArticle" description: "La propuesta del Ejecutivo para rescatar el sistema educativo no contempla partidas extraordinarias del Estado, sino que se sostiene con subas de impuestos al sector privado, trasladando la responsabilidad política de su aprobación al cuerpo legislativo." main_image: "https://costopolitico.com.ar/download/multimedia.normal.9e1128bc59eeb475.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-09-24T23:02:00-03:00" date_modified: "2026-09-24T23:04:21-03:00" category_name: "Legislatura" category_url: "https://costopolitico.com.ar/categoria/9/legislatura" --- # Ley de Financiamiento Educativo: el plan oficial recae sobre los contribuyentes ![proyecto_24092026](/download/multimedia.normal.9e1128bc59eeb475.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) El Poder Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura un proyecto de ley para establecer el Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo y crear un Fondo Específico, una iniciativa que busca elevar progresivamente la inversión en el sector hasta alcanzar el 7,80 % del Producto Bruto Geográfico (PBG) en un plazo de cinco años. Sin embargo, el análisis minucioso de la norma deja al descubierto dos ejes centrales que marcarán el debate político: el esquema de financiamiento descansa fuertemente sobre incrementos y nuevos gravámenes al sector privado y bancario -sin contemplar aportes extraordinarios preexistentes para fondear la caja-, y la exigencia de que sea el Parlamento provincial el que convalide este esquema en un contexto de urgencia. ### **» Las claves del proyecto** La iniciativa proyecta un sendero de convergencia de la inversión educativa sobre el PBG provincial que arranca en el 4,50% en su primer ejercicio fiscal y escala de forma progresiva hasta la meta del 7,80%. Del total que ingrese al nuevo fondo, el texto estipula un piso no menor al 50% para recomposición del salario docente, al menos un 25% para infraestructura escolar y un 15% para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos. El propio articulado condiciona el cumplimiento de las metas al crecimiento económico real de la provincia, advirtiendo que si el PBG o la coparticipación caen, el plazo de convergencia se suspenderá temporalmente para resguardar el equilibrio fiscal. ### **» Suba de impuestos** El aspecto más ríspido del proyecto radica en cómo se fondeará este sistema. Lejos de asignar partidas preexistentes de Rentas Generales o realizar un esfuerzo fiscal con fondos corrientes del Estado, la norma crea un Fondo de Financiamiento Educativo nutrido casi en su totalidad por la imposición de nuevas cargas tributarias y alícuotas adicionales. Entre las fuentes previstas en el artículo 6° se destacan una alícuota adicional del 3% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el Banco de Tierra del Fuego, eliminando además una exención contemplada en el Código Fiscal. La fijación de una alícuota del 3,4% en Ingresos Brutos para la distribución de gas natural –Ley Nacional 23.966– y la captura de hasta el 40% de los incrementos recaudatorios del Impuesto Inmobiliario, impulsados por modificaciones de bases imponibles y revalúos fiscales. Asimismo, prevé la afectación del 0,5% de la recaudación total de Ingresos Brutos de la provincia y porcentajes variables sobre futuros desarrollos de la economía del conocimiento y la explotación del hidrógeno verde. De este modo, el costo de la recuperación educativa queda recostado sobre incrementos impositivos directos y la presión fiscal sobre determinados actores económicos, evitando afectar el presupuesto general corriente del Ejecutivo. ### **» La pelota en la Legislatura** Con el envío de la propuesta bajo el rótulo de trámite de urgencia (consagrado en el artículo 111 de la Constitución provincial), el Ejecutivo traslada la total responsabilidad política y institucional al cuerpo legislativo. Será la Legislatura la encargada de discutir y aprobar la creación de estos gravámenes y alícuotas adicionales en un escenario económico complejo. La decisión de estructurar una ley de financiamiento educativo atada directamente a la creación de tributos y recargos sectoriales coloca a los parlamentarios ante la encrucijada de avalar un impuestazo bajo la justificación de rescatar la crisis educativa -marcada recientemente por declaraciones de emergencia salarial- o asumir el costo político de rechazar una herramienta largamente reclamada por los gremios docentes. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.