--- canonical_url: "https://costopolitico.com.ar/contenido/397/subsidio-al-gas-dilatar-prometer-y-no-resolver-la-estrategia-cinica-del-gobierno" title: "Subsidio al gas: dilatar, prometer y no resolver, la estrategia cínica del Gobierno" article_type: "OpinionNewsArticle" description: "Con obras inconclusas que apenas cubrieron el 27% de las metas prometidas y un millonario presupuesto licuado, el Gobierno provincial intenta tapar con “mesas de diálogo” una crisis social y política previsibles." main_image: "https://costopolitico.com.ar/download/multimedia.normal.9ccfb9cc8631ffc7.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-06-09T17:20:00-03:00" date_modified: "2026-06-09T12:52:22-03:00" author_name: "Christian Bisso" author_url: "https://costopolitico.com.ar/usuario/2/christian-bisso" category_name: "Opinión" category_url: "https://costopolitico.com.ar/categoria/11/opinion" --- # Subsidio al gas: dilatar, prometer y no resolver, la estrategia cínica del Gobierno ![editorial_09062026](/download/multimedia.normal.9ccfb9cc8631ffc7.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) La llegada del invierno en Tierra del Fuego no es una sorpresa climatológica; es una certeza implacable. Sin embargo, para el Gobierno provincial, parece ser un imprevisto que se intenta tapar con discursos empaquetados y “mesas de trabajo” que no son más que humo. La realidad que hoy golpea a miles de fueguinos no es el resultado de una fatalidad de la naturaleza, sino de algo mucho más indignante: la desidia gubernamental. Esta crisis, que hoy obliga a cientos de familias a rogar por una garrafa en el inicio del implacable invierno, pudo y debió haberse evitado haciendo, simplemente, lo que había que hacer. Detrás del relato oficial de la cercanía y el diálogo, la documentación y los datos que circulan revelan una verdad obscena: el Estado provincial abandonó la obra pública y prefirió financiar su propia ineficiencia a costa del bolsillo y la salud de la gente. Para entender la magnitud del engaño no hace falta especular; basta con mirar los propios informes contables y las notas oficiales del Ministerio de Obras Públicas. En su momento, el Gobierno anunció con bombos y platillos una inversión de $ 1.000 millones para conectar de forma universal y gratuita a 3.300 familias de Río Grande y Tolhuin. El objetivo era noble y definitivo: terminar para siempre con la dependencia del gas envasado. Pero el papel lo aguanta todo, la realidad no. El informe financiero histórico del expediente es inapeable. ¿Y cuál fue el resultado real sobre el terreno? Apenas 872 conexiones domiciliarias finalizadas y con medidor colocado. Los fríos datos oficiales confiesan que el Estado fracasó en el 73 % de su meta original, dejando a 2.428 hogares completamente desamparados, dependiendo de la asistencia discrecional y precaria del gas licuado de petróleo. Gastaron casi el triple del presupuesto inicial para cubrir apenas a una cuarta parte de los vecinos prometidos. Una estafa de gestión irreversible. Las causas de este colapso no se deben a la falta de recursos -los miles de millones estuvieron y se licuaron en redeterminaciones de precios y mayores plazos de ejecución por ineficacia de coordinación- sino a un cambio de prioridades políticas. La consecuencia directa es una fragmentación dolorosa de la provincia: mientras Ushuaia sobrevive atada al blindaje del subsidio para no congelarse, Río Grande y Tolhuin sufren las consecuencias de una infraestructura que se pagó, pero jamás se terminó. Para colmo, la respuesta del Ejecutivo ante su propio fracaso constructivo roza la crueldad institucional. En lugar de cumplir con la Ley 1312, que exigía la obra universal a costo cero, el Gobierno pateó el tablero y diseñó una trampa perfecta: trasladó la obligación a los vecinos mediante líneas de crédito de hasta 6 y 8 millones de pesos con el Banco Tierra del Fuego. Que quede claro: esto no es gestión, es una extorsión presupuestaria. El Estado utiliza el reempadronamiento en pleno invierno para bloquear las cargas de gas envasado, impone un cepo asfixiante de 180 días para conectarse y empuja a los ciudadanos a endeudarse con el banco para pagar una obra interna que el propio Estado ya les había cobrado y prometido gratis. El vecino termina pagando con deuda familiar la incapacidad de sus gobernantes. Para colmo de males, sobre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos pesa la sospecha vecinal de un burdo “maquillaje cartográfico”. Auditorías territoriales de los propios ciudadanos detectaron que manzanas enteras de barrios populares figuran en los papeles del ministerio como “metas logradas bajo la Ley 1312”, cuando en realidad son obras ejecutadas previamente por el Registro Nacional de Barrios Populares, a través del Fondo de Integración Socio Urbana. Es decir, se quieren colgar medallas ajenas para tapar el desastre de su propia gestión. Resta por saber, en medio del entuerto: ¿Qué hace el Gobierno mientras las familias pasan frío? La respuesta es evidente: montar un teatro burocrático. La proliferación de “mesas de trabajo” y reuniones unificadas a lo largo de la provincia no busca soluciones técnicas; funciona como un perverso mecanismo de contención política y desgaste social. La estrategia política es tan clara como cínica: el pasado 23 de mayo, la Legislatura provincial sepultó el veto del gobernador **Gustavo Melella** a las suspensiones de los recortes al subsidio al gas envasado, con una mayoría agravada de 11 votos, propinándole una derrota constitucional contundente al Ejecutivo. En lugar de acatar el mandato democrático y publicar la ley, el Gobierno retiene su publicación oficial en el Boletín Oficial, aplicando lo que los beneficiarios del subsidio y los sectores opositores consideran un “ajuste de hecho”. El plan de manual es estirar las mesas de diálogo y la redacción de un supuesto nuevo proyecto consensuado hasta fines de julio o agosto. Si logran ganar esos meses, habrán sorteado el pico del invierno aplicando el ajuste sin pagar el costo político directo, mientras entretienen el reclamo social con falsas promesas en medio de convocatorias y asambleas estériles. La crisis del gas envasado en Tierra del Fuego no es un problema de falta de gas; es una crisis de falta de gobierno. El sufrimiento de miles de familias atrapadas entre el frío, el cepo a las garrafas y la amenaza del endeudamiento bancario pudo haberse evitado si se hubieran terminado las obras en tiempo y forma con los más de 2.700 millones de pesos asignados. Hoy, mientras los funcionarios se refugian en la calidez de los despachos y debaten en mesas eternas, los vecinos en los barrios populares tienen que rogar por cada carga y esperar que el frío no apriete para que ese gas dure algunos días más. Es hora de que el Estado provincial y en particular la gestión de **Gustavo Melella** deje de usar la burocracia como escudo, cumpla las normas y ejecute de una vez por todas lo que por derecho y por presupuesto le debe a su pueblo. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.