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title: "¿Qué pasa cuando el Poder olvida al pueblo en medio de la tormenta?"
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description: "Ante la asfixia económica nacional y una parálisis de gestión local, Tierra del Fuego se hunde en una guerra de egos entre sus tres Poderes del Estado. Un llamado desesperado a la cordura antes de que el naufragio sea absoluto y no queden botes para nadie."
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date_published: "2026-05-15T17:30:00-03:00"
date_modified: "2026-05-15T22:06:27-03:00"
author_name: "Christian Bisso"
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category_name: "Opinión"
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# ¿Qué pasa cuando el Poder olvida al pueblo en medio de la tormenta?

![editorial_15052026](/download/multimedia.normal.a78e1d8f26e3cff1.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

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Tierra del Fuego atraviesa hoy uno de los capítulos más dramáticos de su historia institucional. Lo que comenzó como una gestión con aires de renovación se ha transformado en un laberinto de conflictos cruzados donde el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial parecen haber dejado en segundo plano su rol de servidores públicos para enredarse en una guerra de guerrillas por el poder y la caja.

La raíz del problema es tan profunda como evidente: la incapacidad del gobernador **Gustavo Melella** para gestionar el disenso y, peor aún, los consensos. En lugar de puentes, la gestión provincial ha construido muros y cuando esos muros no fueron suficientes, decidió alimentar hogueras políticas que hoy amenazan con consumir la estabilidad mínima que requiere una provincia tan compleja como la nuestra.

El escenario actual es el de una provincia a la deriva, donde la falta de iniciativa política de Melella se disfraza de “estrategia hacia adelante”, pero no es más que una habilidad maliciosa para generar conflictos y alimentarlos según la conveniencia táctica del momento.

Uno de los hitos que marca esta degradación es el impulso de la reforma constitucional. Presentada como una modernización necesaria, la reforma se convirtió rápidamente en un campo de batalla.

Lejos de buscar un consenso social amplio, el Ejecutivo la utilizó como una herramienta de distracción y presión política, evidenciando una desconexión total con las urgencias de una ciudadanía que lidia con la inflación y el desempleo, entre otros muchos problemas.

La Legislatura, por su parte, ha decidido jugar su propio partido. Con tiempos que parecen de otra era y una agenda que rara vez coincide con la de la calle, el cuerpo legislativo ha pasado de ser un contrapeso a ser un obstáculo o un aliado circunstancial, dependiendo de cómo sople el viento de las negociaciones de pasillo.

Esta posición que adopta la Legislatura no es gratuita. Es el resultado de un Gobierno que no sabe -o no quiere- construir mayorías sólidas basadas en proyectos, prefiriendo la negociación individual y el desgaste. El resultado es un cuerpo que funciona por espasmos.

El cuadro de fragilidad se completó de manera alarmante en los últimos meses con la irrupción del Poder Judicial en la contienda política. Históricamente, la Justicia debe ser el árbitro último y garante del cumplimiento de la norma. Sin embargo, en Tierra del Fuego, los tribunales parecen haber decidido meterse de lleno en el barro, movidos por sus propios intereses.

La judicialización de la política es siempre el síntoma de una democracia enferma. Y Tierra del Fuego lo sabe bien. Cuando los problemas que deben resolverse en las urnas o en el recinto terminan en un despacho judicial, el sistema falló. Pero acá hay un agravante: la Justicia fueguina no solo interviene, sino que parece marcar agenda, sumando una capa de incertidumbre.

El conflicto por la denominada Ley de Goteo Diario es un ejemplo gráfico de esta trampa institucional. La disputa por el manejo automático de los fondos hacia los municipios puso de manifiesto la voracidad del Ejecutivo y la resistencia -en algunos casos legítima, en otros meramente oportunista- de los intendentes y legisladores.

Melella ha demostrado una pericia notable para convertir la coparticipación en un látigo. En lugar de un sistema transparente, el goteo se volvió una moneda de cambio, un mecanismo de sumisión que obligó a la Justicia a intervenir. Y la historia indica que no siempre con la imparcialidad que el caso requería.

A esto se suma el eterno conflicto por el Impuesto Inmobiliario. La puja entre la provincia y los municipios por quién tiene la potestad de cobrarlo es una muestra de la falta de visión a futuro. Mientras la gestión de Melella se obsesiona por capturar cada peso disponible para alimentar un gasto público sin prioridades claras, la estructura institucional se supedita a la superposición de funciones.

La frase que resuena en los pasillos de Casa de Gobierno es que “la crisis es una oportunidad”, pero para Melella parece ser solo una oportunidad de fragmentar a la oposición y disciplinar a los propios. Esta forma de ejercer el poder, basada en el conflicto permanente, tiene patas cortas en un contexto de crisis nacional como el que describen los datos del impacto de la gestión de Javier Milei en Tierra del Fuego.

No se puede ignorar que este desorden interno ocurre mientras desde Buenos Aires se ejecutan recortes brutales. Tierra del Fuego, que ya sufre la pérdida de 3.600 empleos industriales y una caída del 89% en transferencias de recursos, no puede permitirse el lujo de tener a sus gobernantes peleándose por el color de las paredes de Casa de Gobierno.

La falta de gestión se palpa en las 30 obras públicas paralizadas en la provincia. Mientras el gobernador se enreda en disputas con la Legislatura por el control de recursos cada vez más escuálidos, las viviendas quedan a medio construir y las rutas se deterioran. La inoperancia se ha vuelto la marca registrada de una administración que habla mucho de soberanía, pero gestiona poco el territorio.

La “habilidad maliciosa” de Melella para generar conflictos ha terminado por desgastar incluso a sus aliados más fieles. La estrategia de dividir para reinar ha dejado a la provincia sin interlocutores válidos ante Nación. ¿Cómo se puede reclamar por el Subregimen de Promoción Industrial o por la Ley 19.640 si internamente el gobierno provincial no puede garantizar ni siquiera los recursos que por ley les corresponde a sus municipios?

Y perdonen que vuelva sobre el tema: la reforma de la Constitución provincial es, quizás, el ejemplo más cínico de este presente. En medio de una emergencia social donde el consumo minorista cayó un 30% y las familias no pueden pagar las facturas de gas, el Gobierno insiste en gastar recursos y energía política en una convención constituyente que también sumó a la contienda al Poder Judicial.

La base electoral que alguna vez confió en este proyecto hoy observa con perplejidad cómo el movimiento se consume en peleas intestinas. El riesgo no es solo político; es social. Cuando las instituciones pierden prestigio, el ciudadano busca soluciones por fuera del sistema, alimentando fenómenos que el propio Melella dijo haber venido a combatir.

Es necesario que el Poder Ejecutivo recupere la iniciativa, pero no para el conflicto, sino para la gestión. Melella debe entender que gobernar no es solo sobrevivir a la próxima sesión legislativa o al próximo fallo judicial, sino marcar un rumbo claro en medio de la tormenta.

La Legislatura debe abandonar su rol de espectadora privilegiada de este desastre. Que quede claro: la parálisis legislativa es complicidad. Tierra del Fuego necesita leyes que protejan el empleo y fomenten la diversificación, no disputas de poder.

Y la Justicia debe volver a sus estrados. Su intromisión, por acción o por omisión, en la política de la provincia degrada su autoridad. Un Poder Judicial que es percibido como un actor político más, deja de ser Justicia para convertirse en una facción.

La situación es crítica. El impacto de las políticas nacionales requiere una provincia unida y con instituciones sólidas. Hoy, Tierra del Fuego ofrece lo contrario: una desunión fomentada desde la cima del poder provincial.

El cuadro de fragilidad es total. Un gobernador que no gestiona, una Legislatura que no decide y una Justicia que juega al poder. En el medio, el pueblo fueguino, que ve cómo sus empleos desaparecen y su futuro se hipoteca en una contienda de egos que parece no tener fin.

Creo que reflexionar sobre este presente es doloroso, pero necesario. No tengo dudas que la raíz del problema es política. La solución, por lo tanto, no vendrá de un expediente judicial ni de un decreto de necesidad y urgencia. Vendrá de la capacidad -hoy ausente- de sentarse a una mesa y priorizar a Tierra del Fuego por encima de las conveniencias personales de quienes ostentan el poder.

Que sirvan estas líneas que redacté hoy por la mañana como un llamado a la reflexión, desde el pequeño lugar que me toca. Porque si los tres Poderes del Estadopersisten en alimentar el incendio del conflicto para camuflar su disputa de egos, el naufragio institucional de Tierra del Fuego será absoluto.

Y en ese hundimiento final, no habrá botes para nadie: el océano del fracaso va a arrastrar incluso a quienes hoy creen que, por tener los remos en la mano, van a poder salvarse solos de la profundidad.

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